República de Colombia
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Boletín de prensa 23 de mayo de 2011
EL TIEMPO
'ESTAMOS MUY OPTIMISTAS SOBRE EL FUTURO DE LA CPI', DICE SU PRESIDENTE
El Presidente de la CPI se reunió con dirigentes del Gobierno y dictó una conferencia en Los Andes.
-Hyun Song, quien preside la Corte Penal Internacional, estuvo en el país.
Seguro de que Colombia está en condiciones de lograr el acuerdo sobre cumplimiento de sentencias suscrito con la Corte Penal Internacional (CPI), se declaró el presidente de ese tribunal, el coreano Sang-Hyun Song. EL TIEMPO habló con él, durante su visita a Colombia.
¿Cuál es el balance de su visita al país?
Cerramos un importante acuerdo con el gobierno de Colombia; ofrecí una conferencia ante una amplia audiencia en la Universidad de los Andes, con mucha interacción con los participantes, y mejoramos considerablemente el conocimiento general sobre la CPI.
Colombia es, ahora, el séptimo país del mundo que podrá recibir a personas condenadas por la CPI. ¿Qué implica esto?
Se trata de la voluntad de aceptar a personas condenadas, dependiendo de negociaciones concretas dentro del acuerdo. Por lo tanto, la cooperación entre la CPI y Colombia será estrecha, respecto al cumplimiento de sentencias.
¿Ya hay candidatos a purgar sus penas en Colombia?
No hay nadie condenado todavía. El primer juicio de la CPI aún no ha finalizado. Terminará este año y entonces esa pregunta sobre el cumplimiento de sentencias surgirá.
¿Cree que aquí hay cárceles y un régimen penitenciario seguros para garantizar que esos criminales no se fuguen?
Cuando usted ve este acuerdo, encuentra claras referencias a varios principios y estándares de prisiones, promulgados por las Naciones Unidas hace muchos años. Es un prerrequisito para el sistema de prisiones de este país el cumplir en términos generales con esos estándares. De modo que sí, pienso que el sistema será capaz de cumplir.
¿La definición sobre si hay o no conflicto armado interno en
Colombia cambia lo que la CPI podría hacer en el país?
El término "conflicto interno" podría significar muchas cosas. Hasta que lo que se describa como conflicto interno encaje en algún tipo de los crímenes de los que se ocupa la CPI, la Corte no tiene posición o interés.
¿Colombia sigue bajo la observación de la CPI?
Esa pregunta puede ser mejor respondida por el Fiscal de la CPI (Luis Moreno-Ocampo). De acuerdo con lo que entiendo desde la oficina del Fiscal, pienso que la respuesta a su pregunta parece ser sí.
¿Hay casos relacionados con Colombia ante la CPI?
No. Pero hay muchos colombianos trabajando allí.
La CPI solicitó expedir una orden de arresto contra Muamar Gadafi y miembros de su familia, ¿qué sigue?
El pasado lunes, el Fiscal solicitó la expedición de arresto. Tomará algún tiempo hasta que la Cámara tome una decisión.
Eventualmente, Gadafi podría terminar preso en Colombia (risas). Es una presunción muy interesante.
¿Cuál es el futuro de la CPI?
Estamos muy optimistas. La CPI ha crecido mucho y es una institución judicial en pleno funcionamiento. Cuando los primeros 18 jueces llegaron en el 2003, no estaban seguros de si este bebé podría sobrevivir a las hostilidades de la administración Bush y otros poderes. Nueve años después, ha crecido para sobrevivir a todas las dificultades.
En lo que tiene que ver con las actividades judiciales de la Corte, le está yendo muy bien. Y estoy poniendo mucho esfuerzo en hacer partícipes a más Estados cada vez. Ahora tenemos 114 Estados parte y pronto se unirán Malasia, Filipinas, las Maldivas, Grenada, Túnez y Egipto.
¿Cómo está la relación entre la CPI y Estados Unidos?
Cuando la administración Obama llegó al poder, la actitud de EE. UU. cambió para bien. Estamos cooperando, pero la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma tomará muchos más años, en vista de la realidad política en Washington. Necesita tiempo para persuadir al menos a 68 senadores estadounidenses.
EN BUSCA DE LA MEMORIA DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE
Por: MOISÉS MEDRANO BOHÓRQUEZ
Un experto reflexiona sobre el desconocimiento del aporte afro al país.
Palabras a propósito del Día Nacional de la Afrocolombianidad, que se celebra hoy.
Aun aparece, en forma de reflejo, el rostro de esa joven de no más de 18 años con la que me topé en la carretera principal de Cértegui, departamento del Chocó, subregión del río San Juan. Un sitio de no más de 342 kilómetros cuadrados vestidos de selva.
Fue una coincidencia que pasara por allí de regreso de Istmina, después de participar de un encuentro con las alcaldías del Pacífico colombiano para discutir las políticas de las comunidades negras. Era un paso obligado, de tanta importancia para mí, y de seguro debería ser para la humanidad, como visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói (Río de Janeiro), una de las obras arquitectónicas diseñadas por el brasileño Oscar Niemeyer, o el cementerio de París, donde descansan los restos de Abelardo y Eloísa.
Así que Cértegui, pero sobre todo el personaje tras del cual iba en búsqueda, se movía en mi cabeza como si jugara con un dulce en el paladar. Se trataba del escritor chocoano Arnoldo Palacios, un hombre que llegó a Europa en 1949, gracias a una beca para estudiar en la Sorbona de París, y publicó la inmortal novela Las estrellas son negras, un hito de la literatura en Colombia.
Fue la primera novela escrita -antes de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y la Tejedora de coronas, de Germán Espinosa- en la que un autor afro retrata a los afrodescendientes fuera del papel de sirvientes y con un tono bastante alejado del sometimiento intelectual de la esclavitud. En ella se descubre la región del Chocó y una forma de hablar clara sobre el racismo.
La herencia
El recorrido que realicé por este lugar me sorprendió tanto como el cementerio de París, no por los personajes y menos por lo que documentaba. Por el contrario, a cada persona de la población de Cértegui a la que le pregunté por Arnoldo Palacios me respondía:
-No, acá no vive.
-No lo conozco -aseguraron.
De esa forma, colgado de cientos de aterradores "no" y "no", se fue desmoronando la idea que había creado en mi cabeza sobre el Cértegui de Arnoldo Palacios: en la entrada habría una valla con su nombre; tal vez, en algún parte, una estatua, un centro de documentación con sus obras y talleres de estudio.
Me encontré con una realidad que había borrado sus textos de la memoria e, incluso, toda la gente estaba desprovista de ese orgullo que produce el que un familiar haya sido importante para el país.
Entonces me quedé suspendido sobre la Constitución de 1991 en su acertado camino y en lo relevante que es pensar qué significa desconocer la historia, los referentes, los datos, las cifras y no tener una memoria colectiva de uno de los cimientos más significativos de la sociedad colombiana: sus comunidades negras.
En Bogotá, por ejemplo, según el censo del Dane, hay más de 95.000.
Los pueblos afrodescendientes de Colombia ostentan una serie de manifestaciones culturales que han sido incluidas en la lista de Patrimonio Cultural e Inmaterial de Humanidad de la Unesco: las músicas del Pacífico surcolombiano y la marimba de chonta, el Carnaval de Negros y Blancos, el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque y el Carnaval de Barranquilla, que han sido conservados a través de generaciones y que han permitido cimentar la nación multiétnica y pluricultural, sustentada en la diversidad, que es Colombia, donde, pese a todo, persisten la discriminación y el racismo.
Crear oportunidades
El camino abierto por la Constitución de 1991 invita a dignificar, reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural; pero ello solo se logra afirmando en la memoria colectiva la historia, la resistencia y lo que significa el mundo afro en la sociedad colombiana.
Y mientras persistan discriminación y racismo, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras no se agacharán para que "se suban a sus espaldas", como lo ha dicho Nelson Mandela.
Son 20 años de la Constitución y 160 años desde la abolición de la esclavitud. Es tiempo de la conmemoración de un Día Nacional de la Afrocolombianidad. Este es el Año Internacional de la Afrodescendencia, declarado por Naciones Unidas como periodo de memoria: de la esclavización, de la abolición, de la resistencia y la dignidad, de la ancestralidad, de la cultura, del territorio, de la ciudadanía, de nuestra historia. De una memoria que contribuye a crear oportunidades ya previstas en el ordenamiento jurídico nacional para los afrodescendientes.
Recalcar estos asuntos es un deber con los ancestros, para alcanzar una sociedad más incluyente y una perspectiva de prosperidad para las próximas generaciones.
Ello ha de traducirse en un mes de la herencia africana en Colombia y en bases de políticas públicas diferenciadas, en una clara perspectiva de derechos y una afirmación de la identidad y el autorreconocimiento raizal, palenquero, negro y afrocolombiano, que se convierta en pasaporte a la inclusión efectiva y a las reparaciones colectivas pertinentes.
¿Quiénes somos?
La persona que salvó mi viaje a Cértegui en busca de la historia sobre la vida de Arnoldo Palacios fue una joven de no más de 18 años, que había armado una tienda sobre la carretera.
Ella, solita, en su pequeña humanidad y corto recorrido en la vida, me contó todo sobre Arnoldo Palacios, sobre sus obras publicadas, La selva y la lluvia (novela), en Moscú; El duende y la guitarra (leyendas chocoanas), en París; Panorama de la literatura negra (ensayo); Les Mamelles du Chocó (memorias) y En busca de mi madredediós (autobiografía, U. del Valle, 2010), y de su inmortal -al parecer, solo para ella- paso por este lugar chocoano.
No ha sido la primera vez que me he estrellado con el desconocimiento de la cultura afrocolombiana. Hace poco en Bogotá, en una conferencia, pregunté, como suelo hacerlo en las clases que dicto en la universidad, quiénes eran Ana María Matamba, que logró la libertad en 1810, a los 90 años, al fragor del grito de Independencia; Gregorio Sánchez, novelista chocoano que escribió La bruja de las minas, en 1938; Rogelio Velázquez Murillo, etnólogo y novelista chocoano, poeta, historiador, educador, humanista, representante a la Cámara del Partido Conservador en los 50; Manuel Zapata Olivella, que en 1943 participó en Bogotá de la primera manifestación de la presencia africana y en la organización del Día del Negro, y durante 20 años investigó para su novela central (Changó el gran putas); Jorge Artel, poeta cartagenero, abogado, funcionario, catedrático y periodista, el primero en abordar desde el verso libre la tradición africana del país y en suprimir el exotismo del tema negro en la poesía.
Y así, seguí indagando: Sonia Bazanta (Totó la Momposina), Candelario Obeso (de Mompox, uno de los precursores de la denominada poesía negra en Hispanoamérica). Al final, nadie respondió. Una vez más me di contra un:
-No sé. No los conozco.
Afrocolombianos que hacen historia
Hoy, cuando se cumplen 160 años de la ley de abolición legal de la esclavitud en Colombia (expedida el 21 de mayo de 1851), se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad, con desfiles artísticos y culturales, y conferencias sobre el tema.
Según el más reciente censo del Dane, realizado en el 2005, en el país habitan 4'312.000 descndientes de africanos, que representan el 10,4 por ciento de la población nacional.
EL TIEMPO se vincula a esta celebración con una serie de perfiles de personajes afro- descendientes, como los que mencionamos a continua- ción, que comenzará a publi- carse el primero de junio.
Veneranda Ruiz Valencia
preserva bebidas tradicionales
De 72 años, conserva las raíces africanas y elabora más de 130 bebidas que ratifican nuestra pertenencia a la naturaleza.
Rosmilda Quiñones
partera, ha recibido más de 300 niños
Presidenta de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, lidera a más de 180 mujeres. La apoya Médicos sin Fronteras.
Eulalia Torres
construye guasás, instrumentos musicales
Además de ser cantadora, fabrica el instrumento típico de las mujeres del Pacífico sur en los conjuntos de marimba.
Raúl Cuero
microbiólogo que trabaja en la nasa
Jugó en la Selección Nacional de Baloncesto y luego obtuvo un Ph.D en Microbiología. Publica notas en revistas especializadas y tiene más de 19 patentes.
William Klinger Brahan
Rey vallenato afro
Ganó el título en el 2009, en la categoría de Canción Inédita. Es compositor, ingeniero forestal, magíster en Dendrología y profesor (U. Distrital de Bogotá).
Rosa Romaña
En el 2010, ganó premio nacional de paz
En Riosucio (Chocó), fue una de las creadoras de la Fundación Macoripaz, que capacita y da empleo a 400 mujeres desplazadas o cabeza de familia.
POR LA ZOZOBRA DE LOS ANCIANOS
Cristian Valencia
Pasar por encima de tres tutelas, fallos de la Corte, deja a estos ciudadanos en un vacío jurídico atroz.
Me dijeron que se tomarían la alcaldía de Santa Marta. Eso me dijeron unos ancianos. Que estaban hartos del incumplimiento de un acuerdo que firmó el mismísimo alcalde hace dos años. Y que por eso se manifestarían a eso de las diez. Un jueves. Luego de muchas reuniones, decidieron que era la única manera de llamar la atención de los medios masivos y solo así les reconocerían el reajuste pensional al que tienen derecho, como lo afirma no solo el acuerdo, sino varias tutelas, falladas todas a favor de los pensionados del Distrito Turístico de Santa Marta. Uno de ellos meneaba la cabeza, pensando que sería difícil, a sus años, tener que actuar de esa manera. Convertirse en una especie de bandolero para reclamar sus derechos. Porque estaba seguro de que les echarían la policía para dispersarlos. Pero que, ajá, era la única forma.
La toma sucedería a las diez. Y a las diez en punto estaba yo allí, frente a la alcaldía de Santa Marta, viendo cómo llegaban y llegaban ancianos a conversar en el parque de Bolívar, a intrigar y diseñar la mejor manera de comenzar la manifestación; la mejor manera de encadenarse a las rejas; indagando por ahí el tiempo que aguanta un anciano sin comer antes de morir, a ver si alguno se atrevía a hacer una huelga de hambre. Y los viejitos sostenían discusiones acaloradas en corrillos dispersos por la plaza. Y en esas discusiones se les fue la mañana sin que ninguno se amarrara, ninguno entrara en huelga de hambre, ninguno se atreviera a gritar una de las consignas que tenían preparadas.
Les dio miedo a los viejitos reclamar lo suyo por esa vía de "hecho". Se acobardaron y se fueron yendo para sus casas, con un doble desánimo. Y claro que uno entiende su manera de actuar. De dónde van a sacar esos arrestos tan temerarios estos ancianos, si su vida fue un rosario de órdenes cumplidas, 25 años de horarios, de rutinas, de hacer la tarea bien, de cumplir a cabalidad con lo que manda la sociedad. ¿De dónde?
Han hecho todo lo que está a su alcance por las vías legales, y por las vías legales han ganado tutelas que obligan al alcalde a pagarles; pero la ley no parece suficiente en este caso. Y cuando la ley no es suficiente, ¿entonces qué se hace? ¿Qué se hace cuando uno es anciano y está tan debilitado por los años que no le alcanzan las fuerzas para armar un zafarrancho? Nada.
Lo que hacen los pensionados del Distrito de Santa Marta: nada. Ir al parque de Bolívar a intrigar en voz baja, tomarse un par de tintos de 200 y marcharse para sus casas, una vez más sin nada entre las manos, a pensar cómo vendrán los días que faltan por vivir.
Si la ley no sirve, ¿entonces qué hacemos? Si no se cumplen los acuerdos que se firman, y la palabra ni firmada pesa, pues el resultado es que nadie confíe en un Estado de derecho y comiencen a hacer su aparición Estados paralelos sin Dios ni ley, que se tomarán las calles. Y todo volverá de nuevo a la barbarie.
La confianza en el Estado es lo que se juega el alcalde al incumplir el acuerdo. Pasar por encima de tres tutelas, fallos de la Corte, deja a estos ciudadanos en un vacío jurídico atroz. Y cada año que deshojan los calendarios es un año más de malestar que se les suma a estos ancianos que, a lo mejor, esperan ya una muerte en la derrota, agarrados de un papel firmado, un fallo de la Corte, un acuerdo no cumplido, de la zozobra.
* * * *
Cada muerto del paseo de la muerte es culpa de quienes desfalcaron el sistema de salud. Homicidios culposos (si la Fiscal lograra presentar un caso de muerte por estos desfalcos sería doloso): así deberían tipificar ese delito, no solo de hurto. Si los condenan por hurto, salen en pocos años porque tienen suficiente plata para negociar sus condenas. Ojo avizor.
EL ESPECTADOR
VIOLADORES, UN DEBATE A FONDO
"Esto no es un tema de loquitos"
La senadora Gilma Jiménez responde las preguntas que algunos psiquiatras y expertos hacen a su propuesta y dice que aspira a que las máximas penas de hoy sean las mínimas de mañana.
Desde hace siete años la senadora Gilma Jiménez ha promovido la prisión perpetua para violadores.
Gilma Jiménez, promotora de la prisión perpetua
Es difícil encontrar a alguien que no se indigne ni considere repugnante el abuso sexual contra menores de edad. De ahí el gran apoyo que ha recibido la senadora Gilma Jiménez en su cruzada para que en el país se abra la posibilidad de prisión perpetua para violadores.
Sin embargo, la desbordada emocionalidad con que se está asumiendo el debate está dejando ocultas algunas consideraciones importantes. La senadora responde en esta entrevista algunas de las preguntas que psiquiatras forenses y expertos se han planteado.
¿Parece que la violación estuviera adquiriendo una gravedad mayor que el asesinato?
Eso no es así. No han leído bien la propuesta después de cuatro años de largos debates. Se van a castigar hasta con cadena perpetua cuatro delitos: homicidio, violencia sexual en cualquiera de sus asquerosas manifestaciones, el maltrato severo y el secuestro y desaparición de niños.
¿En el caso de violación cómo sería la proporcionalidad de la pena?
Ese es el trabajo más importante que hay que hacer una vez el referendo sea votado. Creo que la posibilidad de prisión perpetua debe estar en relación con el daño que se le haga a la víctima. Uno de los primeros casos que conocí cuando empecé con este tema, fue el de una niña que un tío político intentó violar. No la penetró, pero la violentó sexualmente. Esa niña tenía 10 años. Desde entonces ha tenido tres intentos de suicidio. No todos los niños y niñas reaccionan de la misma manera.
En su opinión, ¿cuál es el origen de este comportamiento en un ser humano?
En todos estos años me he concentrado en las víctimas y no en los victimarios. Poco y nada me interesan. Obviamente soy profesional de áreas sociales, soy trabajadora social y tengo claro un escenario de causalidades múltiples. Pero me da temor caer en ese escenario y justificar lo injustificable. La otra excusa perfecta es que están enfermos. Pues seguramente tendrán alguna cosa, pero cuando se los gradúa de enfermos de entrada los están justificando.
Para los psiquiatras hay una diferencia entre el abusador que tiene una conducta reiterada y un agresor sexual circunstancial. ¿Que opina?
Reitero. Eso no está hecho en función de ellos, sino de los niños. La inmensa mayoría de violadores-asesinos-maltratadores de niños no son asaltantes de potrero como Garavito. Casi el 80% de los agresores son familiares y conocidos. Si atacó al niño porque se emborrachó, es candidato perfecto para la prisión perpetua exactamente, igual que si lo espera en la casa para ver abusar de él.
¿O sea que los dos merecen prisión perpetua?
Hay que sentarse a diseñar con mucho cuidado la reglamentación. Hay que graduar la pena. A lo que yo aspiro, y lo digo con claridad meridiana, es a que las máximas penas de hoy se conviertan en las mínimas del mañana.
Sin duda ha sido una lucha valiente de su parte, pero después de hablar con psiquiatras forenses, que trabajan tan cerca de este problema, tiene uno la impresión de que se está convirtiendo en un asunto moral, un problema que tiene otras causas más complejas.
Cualquier país del mundo, cualquier sociedad, que no convierta a sus niños y niñas en su principal capital social, es un país que está condenado a desaparecer. Es un asunto más de fondo que la sola violencia. Tiene un elemento moral, pero también de sostenibilidad de país.
Un psiquiatra dice: “se pretende curar con el encierro, leyes y medidas extremas que tampoco proveen una solución definitiva”.
La tendencia en el mundo es que los delitos que se castigan con mayor severidad son los que están relacionados con los niños. Es como un principio no negociable. El castigo existe en todas las sociedades civilizadas. es una forma de prevenir. Si tengo encerrado a un violador, estoy garantizando que no viole mientras está encerrado. Así de sencillo.
Supongamos que el proyecto se aprueba y en 10 años las tasas de violación son las mismas. ¿Reconocería que se equivocó en la solución?
Estoy segura de que si los colombianos salen a votar ese referendo va a cambiar la sociedad para siempre en relación con los niños. Ya hemos dado un paso gigantesco. Rompimos el silencio. Antes a nadie le importaba.
¿Qué psiquiatras forenses la han asesorado en esto?
He hablado con muchos terapeutas, psicólogos forenses. Pero es que no es un tema de loquitos. Es un tema de sociedad. Sobre lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Pensemos en función de los niños, no de ellos.
Pero no parece que uno elija convertirse en violador de niños. Hay causas incluso genéticas detrás de este comportamiento.
Entonces si eso es así hay que crear clínicas especializadas para que duren toda su vida encerrados. Porque no podemos exponer la integridad de niños por cuenta del asunto biológico.
HOLCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA
Familiares de víctimas del Palacio piden ser escuchados por Fiscalía
Radicaron una nueva petición para ser tenidos en cuenta en la preparación de la estrategia especial que adoptará el organismo para encontrar los restos de sus seres queridos.
Familiares de los desparecidos del Palacio de Justicia esperan ser tenidos en cuenta en el plan especial que busca preparar la Fiscalía para recuperar los restos de estas personas victimizadas en el holocausto; de allí que radicaran una nueva petición para reunirse con la jefe del ente acusador, Vivianne Morales.
Luego de la comunicación en la que se dispone adoptar una estrategia específica por parte del actual jefe de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, asignado también a la investigación, Álvaro Osorio Chacón, piden ser tenidos en cuenta en el diseño de este plan especial.
La carta, firmada por familiares de las 11 personas, advierte la necesidad de contar con la presencia en esta reunión de la alta comisionada para la defensa de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Colombia.
La respuesta entregada por el ente de control obedece a la propuesta elevada por el hermano de un de las desaparecidas, René Guarín Cortés, quien incluso contempla la posibilidad de conceder beneficios procesales a quienes entreguen información procedente para ubicar los restos de sus seres queridos.
La petición había sido dirigida inicialmente al presidente Juan Manuel Santos, quien la remitió a la Fiscalía General de la Nación; en comunicación firmada por Osorio Chacón, el organismo señaló la necesidad de conocer detalladamente todos los esfuerzos que se han hecho desde el ente acusador en este propósito y adoptar un plan especial para encontrar la verdad oculta durante más de 25 años.
LA ULTRADERECHA VS. LA CONSTITUCIÓN
Por: Álvaro Forero Tascón
Detrás de las acusaciones de politización de la justicia y del rechazo a sentencias de la Corte Constitucional, lo que hay es una guerra ideológica y de intereses de sectores beligerantes de derecha contra la Constitución.
Aunque en apariencia la confrontación es contra la justicia, en el fondo es contra la Constitución que le da a ésta las prerrogativas que ejerce. El episodio de la terna para elegir fiscal general alimentó la narrativa de una justicia politizada, pues pareció una lucha de poder cuando en realidad se trataba de un esfuerzo por preservar el Estado de derecho por parte de la Corte Suprema, porque como demostró el paso del tiempo, de haber conseguido Álvaro Uribe imponer una ficha incondicional, posiblemente no se estaría impartiendo justicia como se está haciendo hoy en algunos de los casos más graves de delitos cometidos desde la cúpula del Estado.
El rechazo a las sentencias en contra de militares por crímenes cometidos en el Palacio de Justicia y contra ciudadanos inermes (falsos positivos), en el fondo representan un enfrentamiento ideológico de quienes consideran que la autoridad debe ser libre para actuar con eficacia contra la subversión, versus una Constitución garantista que obliga a la justicia a defender los derechos humanos. Los sectores conservadores vienen objetando aspectos de la Constitución desde su expedición en 1991. Aun después de 20 años de vigencia de la Constitución, esos sectores de la derecha todavía añoran la filosofía de la de 1886, su presidencialismo, la soberanía fundada en la nación, figuras como el Estado de sitio. Por eso las críticas tienden a dirigirse no contra los problemas más aceptados -como el debilitamiento de los partidos políticos- sino contra los aspectos más modernizantes, como las facultades amplias de la Corte Constitucional, que como también demostró el paso del tiempo, eran esenciales para la preservación de la democracia frente a intentos de perpetuación de un gobernante en el poder. Paradójicamente, los sectores que acusan de politización a la justicia son algunos de los que más han contribuido a la politiquería dentro de ésta a través del control del Consejo Superior de la Judicatura.
De las objeciones teóricas se está pasando a acciones que más parecen de saboteo de la Constitución, que van desde la campaña del Procurador contra las sentencias como la del aborto, hasta la defensa del exilio para evadir la acción de la justicia y campañas de desprestigio contra sentencias que judicializan militares. Paradójicamente, quienes señalan que no hay conflicto armado interno porque la desobediencia de la ley convierte a la guerrilla en simples delincuentes, están pisando la raya de lo legal con tesis que parecerían incluso subversivas. Y con esos excesos terminan aportándole los argumentos a quienes dentro de la justicia se niegan a tramitar las muy urgentes reformas.
Surgen dos preguntas. ¿Por qué sectores que detentaron el poder por casi una década no tramitaron sus profundas reservas frente a la Constitución, reformándola?. Y si el gobierno Santos, que ha permitido se destape la corrupción, aumentará la distancia frente a quienes buscan desobedecer la Constitución para impulsar intereses ilegales o religiosos.
EL NUEVO SIGLO
¿ES VIABLE QUE VÍCTIMAS ASUMAN FUNCIONES DE FISCALÍA?
Se abre polémica por proyecto de reforma constitucional que también le da facultad a la Policía Judicial para que ejerza esas funciones en los delitos menores
LAS VÍCTIMAS y la Policía Judicial podrían asumir la competencia que actualmente tiene la Fiscalía en los procesos de delitos menores, de aprobarse un proyecto de acto legislativo que ya superó sus dos primeros debates.
Aunque la iniciativa ha mantenido un bajo perfil durante su trámite, la modificación a la Constitución que se proyecta hacer no es de poca monta. Por eso, EL NUEVO SIGLO consultó a expertos penalistas y constitucionalistas para saber si es viable la misma.
El ex fiscal General, Alfonso Valdivieso, señaló que es necesario darle celeridad al tratamiento de los delitos menores, por lo que se mostró en principio de acuerdo con la iniciativa.
“Los delitos menores necesitan ser investigados con mayor agilidad. Uno esperaría que la nueva norma deba encausarse a lo que dictaminó la Corte Constitucional cuando declaró inexequible la ley de pequeñas causas, y me imagino que ese nuevo procedimiento debe tener suficiente sustento legal, porque las pequeñas causas deben tener una función mucho más rápida y considero que una justicia absolutamente dilatada no debería seguir estando a su cargo”, precisó el ex director del ente acusador.
El también ex fiscal y ex procurador General, Alfonso Gómez Méndez, se mostró partidario de analizar mejor esa clase de propuestas antes de reformar la Constitución.
“Altera sustancialmente la Constitución colombiana que dispone que la administración de justicia está reservada al Estado, y yo creo que esas propuestas suponen un mejor análisis, de cómo se va hacer, en qué condiciones. Me parece que la desesperación por la impunidad no puede llevar a estar cambiando otra vez la Constitución, y habría que buscar unos mecanismos para que el aparato judicial funcione, para que se cumplan los términos procesales. Nosotros a veces somos dados a soluciones desesperadas sin estar lo suficientemente estudiadas, por eso, en principio no estaría de acuerdo”, señaló el ex fiscal.
Por su parte, el ex procurador General, Jaime Bernal Cuéllar, manifestó que no se puede imponer como obligatoria la actuación de agentes externos a la Fiscalía en procesos penales.
“Ahí están buscando descongestionar a la Fiscalía, pasándole la posibilidad de acusar a la víctima, o como lo dice la norma, a la Policía Judicial. Esto que ha sido utilizado en algunos países, desde luego que no se puede imponer como obligatorio que sea la víctima la que haga la acusación, porque eso puede eliminar la gratuidad de la justicia, y también se correría el riesgo de que la Policía Judicial pueda discrecionalmente hacer o no acusación.
(…) Exigiría que fuera simplemente una alternativa para que la víctima o la Policía Judicial acusaran, pero la Fiscalía debe tener el poder preferente y pudiera en cualquier momento asumir esa competencia si hay algún reclamo o una queja. Esto necesita una reglamentación exacta que permita darle una dinámica para que se cumpla la finalidad de descongestionar la Fiscalía”, expuso el ex jefe del Ministerio Público.
De otro lado, el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, afirmó que de aprobarse el proyecto, se podría correr el peligro de que se cometan abusos por parte de las víctimas o la Policía Judicial a la hora de ejercer las funciones de la Fiscalía.
“Actualmente la Policía Judicial actúa bajo la instrucción de los jueces, cuando éstos requieran alguna diligencia determinada. De manera, que me parece muy peligroso que por su propia cuenta la Policía Judicial asuma esa función. Además, se quedaría sin la posibilidad de controvertir previamente esas pruebas por parte de la persona a quien eventualmente acusen. El propósito del proyecto puede ser bueno para el fiscal, pero puede ser peligroso como generador de abusos”, aseguró el ex magistrado.
La iniciativa ahora pasa a la Comisión Primera del Senado y tiene que ser aprobada allí como en la Plenaria de esa misma corporación antes que culmine la actual legislatura, el 16 de junio, o se hundiría
CMI
GOBIERNO PRESENTARÁ AL CONGRESO PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL CON LA CPI
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció hoy durante el foro Legislar para la Paz, que presentará ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Cooperación y Asistencia Judicial con la Corte Penal Internacional.
“Siguiendo esta línea de respeto y colaboración, le anuncié al Presidente Song que presentaremos al Congreso un proyecto de Ley de Cooperación y Asistencia Judicial con la Corte Penal Internacional.
Durante la visita al país que realizó la semana anterior el presidente de la CPI, Sang-Hyun Song, Colombia se convirtió en la primera nación de América y la sexta del mundo en suscribir un acuerdo para acoger en su territorio a condenados por la Corte Penal Internacional (CPI).
Al respecto, el mandatario colombiano señaló que con el proyecto que será presentado al Congreso, “cumplimos el compromiso de nuestro país, adquirido en el mismo Estatuto de Roma, de garantizar que en nuestro derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación que contempla dicho convenio, y en las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte”.
No obstante, Santos Calderón indicó de manera puntual en su intervención que la justicia peal nacional tiene un carácter preferente.
“Por eso -y en esto debemos ser claros-, así como cooperamos -¬y cooperaremos- con la Corte Penal Internacional, nos enfocamos a nivel interno en que el Estado colombiano ejerza su jurisdicción contra los responsables de crímenes internacionales”, explicó.
CARACOL RADIO
MÁS DE 20 MILLONES DE COLOMBIANOS POBRES PODRÍAN QUEDAR SIN ATENCIÓN EN SALUD: EPS
Una voz de alerta lanzaron las EPS del régimen subsidiado, que afirman que si en junio no reciben el pago de un billón de pesos por parte de los municipios, la mitad de los colombianos, los más pobres, se quedarían sin atención en salud.
Los mandatarios locales responden que algunas EPS no cumplen su función y ponen en riesgo la atención de los usuarios.
Un billón de pesos le deben los municipios a las EPS del Régimen Subsidiado, denuncia el gremio que las agrupa y alerta que si en junio no se soluciona la situación se vería en riesgo la atención para 20 millones de colombianos de estratos 1 y 2.
Pese a que el Gobierno asigna 7.5 billones de pesos para la atención del régimen subsidiado los alcaldes no giran los recursos a las EPS y así lo denunció la directora de Gestar Salud, Eliza Torrenegra.
“Estamos hablando a deudas anteriores a marzo de 2010, los alcaldes nos deben más 200 mil millones de pesos, estaríamos hablando de deudas de 900 mil millones de pesos contando a Caprecom y las otras EPS del sector”, indicó.
Los principales deudores son los municipios pequeños, pero también hay capitales y distritos especiales como Barranquilla y Bogotá que no se quedan atrás. Los departamentos también se unen al listado de deudores y uno de los más representativos es valle del Cauca
Autoridades departamentales señalan que algunas EPS no cumplen con su función, ponen en riesgo la atención de los usuarios y por eso piden la intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud para entidades como Caprecom, así lo manifestó el Secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Rivera.
“Los desplazados protegidos por sentencias especiales hoy no reciben atención, porque están obligado a afiliarse a Caprecom, y están engrosando las cuentas de los entes territoriales departamentales”, indicó.
La crisis económica que afronta Caprecom con deudas que pasan de 425 mil millones de pesos, es el reflejo de la situación del sector. Y lo más grave es si no logran superar el déficit se pone el riesgo la salud de los más pobres, advierte la vocera de Gestar Salud.
“Si no se soluciona esa cartera hacia nosotros estaríamos poniendo en peligro la viabilidad ni solo de las EPS sino de la red hospitalaria de todo el país”, explicó la representante del gremio.
Desde el Congreso también se han lanzado fuertes críticas y graves denuncias al manejo que se le está dando al Régimen Subsidiado en Colombia.
El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, dijo que en el Régimen Subsidiado apenas reciben una cobertura el 60 por ciento de los más pobres.
“Negación de derechos, maltrato de pacientes, inclusión en listados de gentes que no tiene derecho, invención de ciudadanos que no existen”, indicó.
El senador Luis Carlos Avellaneda denunció que por falta de control y vigilancia el Gobierno permite un desangre financiero en el régimen subsidiado.
“Hay personas registradas que han fallecido y el estado está pagando o por personas que están en el régimen contributivo y también en subsidiado, aquí hay un desangre grande”, explicó.
El Gobierno reconoce una deuda de cerca de 600 mil millones de pesos y no un billón, anuncia que su proyecto es dejar saneadas todas las deudas desde el año 2007 y este trabajo se adelanta en conjunto con la Procuraduría que ayuda en el proceso de liquidación de contratos.
Voceros autorizados aseguran que a partir del momento el Gobierno gira los recursos de manera directa a las EPS y a los hospitales para evitar las demoras.
REVISTA SEMANA
SE AGRAVÓ EL ENFERMO
El fallo del Tribunal de Cundinamarca que rechaza la conciliación de SaludCoop y el Estado por 650.000 millones le puso una espada de Damocles a la EPS y acerca a su cúpula a la justicia.
En pocos días, a SaludCoop, la EPS más grande y poderosa del país, le pasó lo que a muchos pacientes, que entran a control médico y terminan en cuidados intensivos.
Mientras que toda la opinión pública estuvo concentrada esta semana en tratar de entender las razones que llevaron al gobierno a intervenir a SaludCoop y las explicaciones que sus directivos han tenido que salir a dar por el manejo, al parecer no muy santo, de los recursos de la salud, una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la mandó directo al quirófano.
Tras resolver la controversia que había en torno a la conciliación realizada en febrero pasado entre la Superintendencia de Salud y la EPS más grande del país por unos 650.000 millones de pesos, el Tribunal decidió rechazarla y dejar en firme las sanciones que el gobierno le había impuesto a SaludCoop el año pasado. La sentencia complicó aún más su futuro, pues además de tener deudas con el sector financiero por 300.000 millones de pesos y un serio problema de caja, el interventor, Édgar Pabón, deberá ahora salir a buscar, como mínimo, 318.000 millones de pesos más. Por eso, ya muchos han dicho que SaludCoop tendrá que vender una parte importante de las 30 clínicas, hospitales y entidades de salud, además de inversiones y activos, que tiene.
El último capítulo de la novela en la que se ha convertido SaludCoop comenzó a finales de 2009, cuando la Superintendencia realizó un profundo arqueo a las cifras contables de la empresa entre 2004 y 2008. El ente encontró que 627.000 millones de pesos que eran de la salud (parafiscales y de los colombianos) fueron usados para adquirir parte de su poderosa y compleja red de clínicas, hospitales y empresas que conforman ese emporio.
De esos recursos, el entonces superintendente, Mario Mejía, obligó a la EPS a llevar a la caja de la empresa 318.000 millones de pesos. Además, la conminó a atender con recursos propios el pago de otros 308.000 millones de pesos que SaludCoop tenía en deudas y obligaciones financieras. La medida, insólita en el sector, obligaba a la EPS a salir a vender activos que hacen parte de la cuestionada integración vertical. Para cumplir con estas órdenes, la entidad le dio un plazo de dos años.
Finalmente, la Supersalud le prohibió -en su resolución del 21 de junio de 2010, en la que ratificó todos los hallazgos- usar la liquidez generada de cualquier operación contable derivada de la UPC, aportes, cuotas moderadoras o demás recursos parafiscales (que solo pueden ser usados por ley en la atención de pacientes) en infraestructura, inversiones, préstamos, donaciones, servicio de deuda y demás figuras que utilizaba la EPS para echar mano a esos recursos.
Esta resolución, como lo advirtió en su momento SEMANA, dio inicio a una gigantesca batalla jurídica entre SaludCoop y su poderoso grupo de abogados (ver recuadro) con el Estado, pues el propio presidente de entonces, Álvaro Uribe, salió a defender y respaldar la decisión del superintendente Mejía. Para algunos, esta decisión fue un punto de quiebre para SaludCoop, que al ver restringido el uso de los recursos empezó a tener problemas de caja y a buscar una mayor financiación a través del recobro de medicamentos y procedimientos al Fosyga. Operaciones que están siendo investigadas por las autoridades junto con las de otras EPS.
Con el cambio de gobierno y tras varias demandas de SaludCoop, el nuevo superintendente de Salud, Conrado Gómez, decidió reorientar todo el proceso. Para él y el comité que se conformó para estudiar el caso, su antecesor no solo cometió errores legales durante la investigación, sino que frente a lo hallado debió haber intervenido a la EPS. Este proceder dejó al Estado, según el superintendente Gómez, a merced de perder una demanda que por 650.000 millones de pesos le interpuso SaludCoop al Estado.
Para evitar un detrimento fiscal, la Superintendencia decidió en febrero llegar a una conciliación con SaludCoop, con el respaldo de la Procuraduría. Mientras que la EPS renunció a la demanda y a adelantar acciones contra cualquier funcionario, la Supersalud decidió suspender las resoluciones que obligaban a restituir los 627.000 millones de pesos sin renunciar a seguir vigilando a la EPS.
Tras conocer el acuerdo, la contralora general, Sandra Morelli, le envió una carta a la Superintendencia en marzo pasado, en la que le advertía que en criterio de la entidad las resoluciones y sanciones impuestas en 2010 estaban ajustadas a derecho y, por ende, eran actos revestidos de toda legalidad. "Las resoluciones en ningún caso pueden constituirse en materia transigible ni conciliable, así como tampoco puede hacerse uso de la figura de la conciliación". De igual manera, la contralora le advirtió que con la conciliación se podría presentar un menoscabo al patrimonio público, pues las normas establecen como práctica ilegal que las EPS destinen recursos parafiscales para invertir en activos fijos como clínicas, hospitales o empresas relacionadas.
A su vez, el superintendente Gómez recibió todo tipo de críticas por las dudas que genera en el país hacer una conciliación tan millonaria. Le criticaron su cercanía con la senadora Dilian Francisca Toro y que su hermano fuera el presidente de Afidro, que reúne a los laboratorios multinacionales que se beneficiaron con los recobros a la salud, dudas que borró en parte al intervenir a SaludCoop la semana pasada y sacar por la puerta de atrás a Palacino, quien era considerado el zar de la salud.
Frente a la polémica que se armó, Gómez envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la conciliación para que diera su visto bueno, pero fue improbada el jueves pasado. En su ponencia, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano dijo que en el proceso no se había presentado una violación al debido proceso, como alegaban los abogados de SaludCoop, y que por el contrario fueron practicadas todas las pruebas que se requerían. De igual forma, reconoció que la decisión tomada por la Superintendencia para impedir el uso incorrecto de los recursos de la salud estaba dentro de sus funciones correctivas.
Pero, sin dudas, la decisión fundamental del Tribunal estuvo en ratificar, tal y como ya lo había hecho la Corte Constitucional, que los recursos parafiscales de la salud, como son los provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las cuotas moderadoras, los pagos o copagos que hacen los usuarios, deben usarse en la prestación del servicio y no para inversiones, así sea en clínicas, hospitales o laboratorios, entre otros. Mientras que SaludCoop y otras EPS alegan que los excedentes y utilidades que les generan los recursos que les llegan del Estado y de los usuarios podían ser utilizados en construir o comprar este tipo de activos, que en últimas terminan beneficiando a los usuarios, para el Tribunal es claro que esa inversión debe hacerse por cuenta de las EPS.
Mientras que el superintendente Conrado Gómez dijo que acata la decisión del Tribunal, el actual interventor deberá decidir si apela la decisión ante el Consejo de Estado, tal y como lo esperan las cooperativas dueñas de SaludCoop, o si acoge la sentencia del Tribunal y se pone de una vez a cumplir con las sanciones impuestas desde 2010 por la Supersalud. Otra de las consecuencias de la decisión es que la cúpula directiva de la EPS, en cabeza de Carlos Palacino, deberá responder ante los organismos de control, y seguramente ante la Fiscalía, por el supuesto uso irregular de los recursos públicos de la salud.
Lo increíble de toda esta historia es que en menos de ocho días SaludCoop pasó de ser el ejemplo del cooperativismo y del emprendimiento a convertirse en el centro de una gigantesca polémica que amenaza la estabilidad del sistema de salud colombiano.
OJO, VENA ABIERTA A LA VISTA
El Congreso en pleno aprobó una ley que legitimaría el desangre de Cajanal. Un puñado de maestros se beneficiaría de varios billones de pesos a menos que la Corte Constitucional se pronuncie en contra. El gobierno está con los pelos de punta.
En un momento en que el país busca cualquier peso para poder atender la emergencia invernal, y cuando se prepara financieramente para honrar los compromisos financieros que le impondrá la llamada Ley de Víctimas, el Congreso acaba de aprobar una polémica ley que les reconoce una pensión excepcional a 6.712 maestros y que les costará a los colombianos siete billones de pesos, según cálculos del gobierno. Este monto equivale a tres veces el programa de Familias en Acción, que beneficia a 2,5 millones de familias.
La ley reconoce una mesada adicional a los maestros contratados por el Ministerio de Educación Nacional, sin importar que estén recibiendo otra pensión. Esta mesada se conoce como pensión gracia, y fue un derecho que durante casi cien años y hasta 1989 se les concedió a los docentes contratados por departamentos y municipios para compensar el menor sueldo que ganaban frente a los llamados docentes nacionales. Con los ajustes en los regímenes de pensiones, y el debate jurídico que suscitaron estos privilegios, la jurisprudencia en las más altas Cortes concluyó que los docentes nacionales no tenían derecho a cobrar la pensión gracia. Aun así, carteles de abogados -en complicidad con algunos jueces- lograron que de forma irregular se les reconociera esta clase de pensión a docentes nacionales sin tener ese derecho. Los multimillonarios desembolsos dieron origen a lo que se conoce como el 'zarpazo' a Cajanal, por ser esta la entidad que tiene que hacer los pagos.
El proyecto surtió su respectivo trámite en el Congreso y, quizás por ser un asunto tan técnico, poco interés despertó en la opinión, sin saber el impacto que en las finanzas públicas tiene una medida de esta naturaleza. Hasta el gobierno tuvo una reacción tardía pues trató de atajar la iniciativa solo cuando transcurrían los últimos debates. Pero aún le quedaba una carta. Como toda ley tiene que ser sancionada por el presidente, este se puede reservar el derecho de no firmar y devolver el proyecto al Congreso con sus objeciones. Así lo hizo, pero la semana pasada fueron rechazadas de forma abrumadora. Por ejemplo, en la Cámara la votación fue de 98 votos que rechazaban las objeciones y ninguno a favor.
En esencia, la objeción del gobierno es que la nueva ley es inconstitucional, pues se crea un beneficio pensional especial para un grupo de la población, algo que solo se puede tramitar a partir de una iniciativa gubernamental. Con el agravante de que en este caso tiene un alto impacto fiscal. Por su parte, los ponentes de la iniciativa, como es el caso del senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda, dicen que lo que se está haciendo sí cabe dentro de las funciones del Congreso, pues no se está creando una nueva norma, sino interpretando los alcances de una existente.
Una semana antes de la votación, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, sabía que ya tenía perdida la batalla. "Durante cuatro días seguidos, las cartas de apoyo a la iniciativa colapsaron mi correo electrónico, luego supe que igual sucedió con algunos congresistas amigos del gobierno", comenta. Representantes consultados por SEMANA confirmaron que en los departamentos el tema genera mucha presión de las organizaciones de maestros y, a seis meses de las elecciones regionales, ningún político quiere ser impopular al figurar como el único que está en contra de una norma en favor de los esforzados profesores. "Quien se oponga está perdido políticamente", dicen.
Por su parte, los ponentes de la iniciativa utilizaron como argumento de promoción del proyecto entre sus colegas menos informados que la ley plantea un tema de equidad con el magisterio, posición defendida, por ejemplo, por los congresistas Jorge Guevara y Gloria Inés Ramírez, cercanos al Fecode, la Federación de Educadores. "Es un asunto de justicia con unos maestros que han hecho lo mismo que los demás", dice Guevara .Algunos de los ponentes aducen que el respaldo político de todas las bancadas a la iniciativa se debe a la conciencia que hay en el Congreso del gran impacto social que trae esta medida. Es así como Avellaneda destaca el activo papel del congresista conservador Hernán Andrade.
En el Congreso también argumentan que las cuentas del gobierno son inexactas, pero funcionarios de Hacienda explicaron a SEMANA que los cálculos se hicieron sobre una pensión promedio de un millón y medio de pesos teniendo en cuenta las expectativas de vida de una persona y que este es un privilegio que se obtiene a partir de los 50 años. También, que la pensión se puede transferir a cónyuges e hijos, y que al legalizarse habría que pagarle a cada pensionado un retroactivo de los años que no se le pagaron, con las correspondientes indexaciones. Según esos cálculos, serían siete billones de pesos la suma de todos los desembolsos que el Estado tendría que cancelar por concepto de esta nueva pensión gracia.
No ha pasado inadvertido que el senador Avellaneda, antes de su actividad política, participaba en un bufete de abogados que se dedicaba precisamente a este tipo de cobros, y que el senador Andrade recibió unos polémicos préstamos de los hermanos Cabrera Polanco, hoy presos precisamente por hacer cobros irregulares de pensión gracia. Avellaneda dice que ha actuado de forma transparente y que él dejo de representar docentes nacionales en el momento en que la jurisprudencia cerró esa posibilidad. Andrade asegura que su liderazgo del proyecto no es tan grande como se lo atribuyen, y que cree que la norma acabaría con los carteles de abogados, pues ya no se necesitarían intermediarios para las reclamaciones. Ambos coinciden en afirmar que, para ellos, no se está legalizando un descalabro financiero ni conductas fraudulentas.
Es difícil creer que con la legalización sea posible que los llamados carteles de abogados abandonen un atractivo negocio en el que cobran por sus gestiones entre el 30 y el 50 por ciento de lo que logran que el Estado les reconozca a los pensionados.
Para dirimir este conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo entra a terciar la Corte Constitucional. Si lo aprueba y persiste la negativa presidencial de firmarlo, la ley sería sancionada por el presidente del Congreso. Si lo rechaza, el proyecto se hundiría.
Mientras sea de forma transparente, es previsible y legítimo que los interesados en sacar la norma utilicen todas las estrategias que tienen a mano. Pero en un momento en que el país tiene tantos frentes abiertos y que requieren tanta plata, como el invierno y la crisis de la salud, este tipo de iniciativas no solo son muy onerosas, sino que resultan antidemocráticas.
LA VOZ DE LAS MINORÍAS
La Corte Constitucional ha ido endureciendo su postura y no admite la excusa de la premura para sacar adelante proyectos sin preguntar previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas. La caída del código minero, que según la Corte Constitucional no fue consultado con las comunidades indígenas, abre un debate sobre la conveniencia y efectos del requisito de la consulta previa. ¿Se podría caer la ley de víctimas por la misma razón?
La Corte Constitucional ha tumbado varias leyes, en los últimos cinco años, con un mismo argumento: que no fueron consultadas con las comunidades indígenas y afrocolombianas. La última fue, nada menos, el código minero. Pero según la Convención 169 de la OIT, aprobada en Colombia en 1991, cualquier proyecto que afecte los territorios o la forma de vida de estas comunidades debe ser concertado.
Este derecho ha sido invocado por los indígenas y afrocolombianos desde hace 20 años. A través de tutelas han exigido que se les tenga en cuenta cuando se adelanten proyectos de infraestructura o explotación económica que amenacen su territorio o su cultura. Uno de los casos más emblemáticos fue el de los uwa contra la Occidental en 1997. Pero con el paso de los años, la consulta previa también ha sido utilizada para demandar leyes por inconstitucionales. La ley forestal de 2007 fue la primera que se cayó por estos motivos, y desde entonces la Corte ha fallado de forma similar contra la Ley de Desarrollo Rural y, ahora, el código minero. También ha tumbado artículos de la Reforma Política y del Plan Nacional de Desarrollo.
"La filosofía detrás de esto es que los destinatarios de las normas conozcan su contenido antes de que se aplique. Es la manera de hacer más democrática y más legítima la ley", dice el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao. La Corte ha ido endureciendo su postura y en sus últimas sentencias dice que una consulta implica un diálogo abierto con las comunidades y su "consentimiento libre, previo e informado".
"Lo que la Corte está haciendo con esas sentencias es obligando al gobierno a reglamentar la consulta previa", dice el abogado Gabriel Bustamante, quien ha asesorado a las comunidades y al gobierno en esta materia. Para otros juristas y para el Ministerio del Interior y de Justicia, la reglamentación puede convertirse en una camisa de fuerza. En Colombia hay 67 lenguas y 102 etnias, más las comunidades afro y rom (gitanos). Además, no es igual hacer una consulta para un proyecto puntual de explotación económica que para una ley que cobije a toda la nación.
"Estamos frente a una revolución de la consulta previa", afirma Luis Fernando Arias, secretario general de la ONIC y miembro de la Mesa de Concertación Indígena, pues por primera vez fueron consultados previamente para el Plan Nacional de Desarrollo. Pero Arias dice que esta es la gran excepción. El gobierno no los consultó antes de radicar proyectos tan importantes como la reforma a la Ley de Regalías y la ley de víctimas y restitución de tierras.
Lo paradójico de este asunto es que, cuando algunas ONG y comunidades se dieron cuenta de que la ley de víctimas estaba en peligro de caerse por falta de consulta, le pidieron al gobierno que los excluyera a través de un artículo en la ley y que, a través de otro decreto-ley que expida el presidente, definan conjuntamente cómo serán las condiciones de reparación y restitución para sus víctimas. Lo decidieron así porque no quieren que la Corte tumbe la ley por no haber sido consultada, que se satanice el mecanismo de consulta previa que los ha protegido de tantos atropellos y que se culpe de su fracaso a los indígenas y afrocolombianos, que irónicamente le han puesto demasiadas víctimas al conflicto.
SÍ HUBO COMPLOT
Con la inminente orden de captura de la exdirectora del DAS y del exsecretario general de la Presidencia, la Fiscalía considera que la conspiración contra la Corte Suprema de Justicia era peor de lo que se pensaba.
La fiscal general Viviane Morales sacudió el miércoles de la semana pasada al país. Muchos ya sabían que iba a imputar varios delitos a dos miembros de la guardia pretoriana del presidente Álvaro Uribe y que iba a pedir una eventual detención. Pero lo que nadie se imaginó fue el calibre de las acusaciones. A la fiscal no le tembló la voz para hablar de la existencia de "un complot contra la Corte desde la Casa de Nariño" y dijo que "Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado hicieron parte de una organización criminal para asediar a magistrados, a congresistas y a un periodista".
Muchos quedaron entre asombrados e incrédulos. En Colombia, cuando se habla de "organización criminal" automáticamente se asocia con tenebrosos personajes como Pablo Escobar, Carlos Castaño o 'el Mono Jojoy'. Y tal vez no venía al caso utilizar esa expresión para referirse al exsecretario general de la Presidencia y a la exdirectora del DAS. Al fin y al cabo, para muchos colombianos en el capítulo de las 'chuzadas' hubo unos funcionarios que simplemente se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y, sin darse cuenta, terminaron cometiendo delitos.
Pero es ahí donde cobra importancia la exposición del caso que hizo la fiscal general en la audiencia del miércoles. Para ella no se trató de un simple equívoco o una extralimitación de funciones, sino que tras una investigación que ya lleva cerca de dos años, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado tenían la intención manifiesta de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y pusieron al servicio de ese fin las herramientas del Estado. Así lo dejó claro Viviane Morales a lo largo de la audiencia, que duró cerca de cinco horas ante un magistrado del Tribunal de Cundinamarca. El magistrado debe decidir el martes de esta semana si deja detenido a Moreno y pide la captura de Hurtado.
Esta determinación de la fiscal general es la más importante que ha tomado la justicia sobre este escándalo, que comenzó hace tres años, cuando salieron a flote las primeras revelaciones.
La Fiscalía se había convertido en uno de los pasos más difíciles de sortear. La investigación ya llevaba en el búnker más de dos años y era una verdadera papa caliente. Tanto que por cuenta de ella el país estuvo sin fiscal general en propiedad durante más de un año y medio. El temor a que la investigación de las 'chuzadas' quedara en manos de un fiscal aliado del entonces presidente Uribe era la verdadera razón que, sotto voce, daban los magistrados para no elegir de las varias ternas que les mandó el gobierno.
Para la fiscal Morales esa decisión es, por una parte, una prueba de independencia, pues en su momento se habló de que el presidente Juan Manuel Santos había concertado la terna para fiscal con su antecesor, el presidente Uribe. Y de otra parte, la fiscal demuestra que no le tembló la mano para resolver uno de los más espinosos casos que fiscal alguno pueda tener.
En todo caso, lo que es seguro es que al expresidente Uribe le tuvo que parecer un golpe bajo la felicitación pública que hizo el presidente Santos tanto a la fiscal como al procurador. A los dos días de conocerse la decisión, el primer mandatario destacó la función que vienen cumpliendo, porque, según él, "están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias sin importar a quién toquen".
Lo que dijo la fiscal
Lo cierto es que con esta determinación se empieza a cerrar el círculo de uno de los escándalos más sonados en los últimos años. En ese entonces se destapó la reunión secreta de 'Job' -un enviado del temible paramilitar 'Don Berna'- en la Casa de Nariño y se mencionó la posible existencia de un complot contra la Corte Suprema.
Si bien por el caso de las 'chuzadas' ya hay varios condenados, los exjefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS, una docena de funcionarios detenidos y otro número similar de investigados, solo la semana pasada la justicia se metió de lleno con los más altos funcionarios del gobierno. Y no lo hizo de cualquier manera.
La propia fiscal general pidió medida de aseguramiento contra el secretario general de la Casa de Nariño de aquella época, Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La fiscal les imputó cuatro delitos, de ellos el más grave es el de concierto para delinquir, en calidad de agravado por tratarse de funcionarios. Una condena por estos cargos les podría dar entre seis y 14 años de cárcel. También fueron acusados de violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. A Hurtado, además, le imputó cargos por peculado por apropiación.
Pero sin duda lo más grave de todo el memorial de agravios enumerado por la fiscal es la campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. Morales hizo un hilvanado relato de todo tipo de incidentes ocurridos a esa corporación o a sus magistrados entre 2007 y 2009. A primera vista eran hechos que parecían desconectados, pero ella llegó a la conclusión de que no fueron aislados sino, por el contrario, un complejo entramado orquestado desde la Casa de Nariño y dirigido por los funcionaros de más alto rango y cercanos al presidente Álvaro Uribe. "Todas las labores de seguimiento ilegal fueron notificadas a Hurtado y ella las entregó a Moreno. Este acuerdo para delinquir puso en peligro el bien jurídico de la seguridad pública", dijo la fiscal durante su intervención.
La conspiración, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, comenzó el 12 de septiembre de 2007. Ese día se reunieron en la sede del Club Metropolitan, en el norte de Bogotá, Moreno, Hurtado y el entonces jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tabares. En ese lugar, ya de por sí extraño para una reunión entre funcionarios, Moreno le manifestó a Hurtado "que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell". La fiscal, en la audiencia, recordó ese testimonio dado por Tabares y dijo que ese fue el punto de partida en el que el "exsecretario de la Presidencia defraudó sus deberes oficiales, pues organizó y promovió esas actividades con el fin de cometer delitos contra la Corte".
Según la fiscal, a los pocos días de esa reunión en el Metropolitan, la directora del DAS, por instrucciones de Bernardo Moreno, le ordenó a su subdirectora de operaciones, Marta Leal, viajar de urgencia a Medellín y recoger un sobre que tenía como destinatario al presidente. Esa misma noche ella regresó y, según lo confesó a la Fiscalía, se lo entregó a Hurtado. Ese sobre contenía la declaración del exparamilitar alias 'Tasmania' contra el magistrado auxiliar de la Corte y principal investigador de la parapolítica, Iván Velásquez. "Como quedó demostrado después, esa declaración no fue más que un montaje contra el magistrado con la intención de afectarlo a él y a la Corte Suprema", afirmó la fiscal.
En su detallado relato, la fiscal Morales narró cómo después del montaje de 'Tasmania', Bernardo Moreno participó, con otros compañeros de la Casa de Nariño y con la ayuda del DAS, en un segundo hecho que también tenía como objetivo atacar a la Corte Suprema. El 9 de noviembre de 2007, Moreno le solicitó a la aerolínea Satena el listado de los pasajeros de un vuelo chárter que resultó ser un nutrido grupo de magistrados de la Corte que viajaba a Neiva para un homenaje. Para la fiscal Morales, Moreno extralimitó sus funciones como secretario general al ordenar al DAS y a la UIAF hacer verificaciones sobre ese viaje. "El interés del señor Moreno por lograr información de los magistrados no tenía ninguna relación con sus funciones en la Presidencia", sentenció la fiscal. Y agregó que el único fin de esa información era filtrarla después a los medios de comunicación para desprestigiar a los magistrados, como en efecto se hizo unos meses después.
La fiscal afirmó durante la audiencia que esa filtración era parte de una estrategia más compleja. Mostró cómo un día -el 24 de abril de 2008- hubo una reunión en la oficina de Bernardo Moreno para afinar los últimos detalles y fotografías para hacer la filtración, y el día anterior -el 23 de abril- se había dado otra reunión, en la misma oficina, con el exparamilitar Antonio López, alias 'Job', enviado de 'Don Berna', y su abogado. El objetivo de esa cita, dijo la fiscal, era contemplar el uso de unas supuestas grabaciones entregadas por el exparamilitar a Presidencia para tratar de enlodar al magistrado Velásquez. "Esa reunión de alias 'Job' era una parte del complot contra la Corte", señaló la fiscal en la audiencia pasada.
Además de 'Tasmania', de 'Job' y de la filtración de información desde la Casa de Nariño, la fiscal Morales unió otro elemento más como parte del complot. Recordó que el 20 de abril de 2008 el periodista Daniel Coronell reveló la entrevista con Yidis Medina en la que la excongresista confesaba que había recibido dádivas para cambiar su voto a favor de la reelección. El DAS convocó una rueda de prensa en la que el exfotógrafo de Vanguardia Liberal Jesús Villamizar declaró haber sido amenazado por Yidis porque había tomado unas fotos de ella con guerrilleros del ELN. Pero la verdad, según el argumento de la fiscal, fue que la exdirectora del DAS autorizó el pago de 20 millones de pesos al fotógrafo para que este entregara un falso testimonio contra la principal protagonista de la llamada yidispolítica. Es por ese hecho que la Fiscalía le imputó a María del Pilar Hurtado el cargo de peculado por apropiación, ya que destinó dineros oficiales básicamente para pagar un soborno.
Esos fueron apenas algunos de los puntos centrales de la contundente intervención de la fiscal Viviane Morales. También recordó que Hurtado ordenó interceptaciones y pesquisas ilegales contra el expresidente de la Corte César Julio Valencia y su abogado, Ramiro Bejarano. Así como que bajo su administración se había dado la infiltración en la Corte de la llamada 'Mata Hari', una detective que grabó ilegalmente entre 2007 y mediados de 2009 las sesiones privadas de los magistrados.
¿Hasta dónde va a llegar?
Cabe anotar que si el caso avanza y llega a la etapa de juicio se va a presentar una curiosidad nunca antes vista en Colombia. Prácticamente la totalidad de la Sala Penal de la Corte Suprema, que por ley debe ser la juez de estos funcionarios aforados, se debe declarar impedida, pues los magistrados de esta sala fueron las principales víctimas de lo que la Fiscalía consideró un complot.
Solo dos magistrados podrían participar, el que reemplazó a Yesid Ramírez y el que reemplazará en los próximos meses a Alfredo Gómez. Es muy posible entonces que el caso quede en manos de conjueces. Estos conjueces no son elegidos específicamente para este caso, sus nombres salen de una lista de 18 que cada diciembre conforma la Sala Penal de la Corte.
Pero para llegar a esa fase todavía falta. Por ahora, lo más inmediato es que el próximo martes el magistrado debe definir si acoge la petición de la fiscal de ordenar la detención de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.
En el caso de Hurtado, si se pide la detención, tendría que expedirse una circular de la INTERPOL para su captura, que solo se haría efectiva si sale de Panamá, donde goza del beneficio de asilo territorial desde hace seis meses. La otra opción es que Colombia solicite su extradición, pero ya el presidente del vecino país, Ricardo Martinelli, resolvió las dudas diciendo que "María del Pilar se queda aquí en Panamá" y ratificó que le van a mantener su condición de asilo territorial.
En cuando a Bernardo Moreno, si termina en la cárcel se trataría del más alto funcionario del gobierno del presidente Álvaro Uribe en prisión. Un hombre que fue clave para él en el trámite de la primera reelección y uno de los que por más largo tiempo lo acompañaron en su primer anillo de afectos.
La pregunta que siempre ha quedado abierta es si le cabe alguna responsabilidad al presidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta que quienes están en el banquillo de los acusados son su mano derecha en Palacio y su jefe de inteligencia.
En octubre del año pasado, precisamente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió una investigación al expresidente Uribe por el caso de las 'chuzadas' ilegales del DAS. Si bien la investigación se abrió de oficio, luego de que el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Bernardo Moreno por extralimitarse en sus funciones, el proceso no ha estado exento de tiras y aflojes.
En su momento, cuando se estaban conformando las mesas del nuevo Congreso, trascendió a los medios que la única exigencia no negociable de La U era que la Comisión de Acusaciones fuera integrada mayoritariamente por uribistas purasangre.
Desde entonces, dos coordinadores de esa comisión han tenido que renunciar. El primero fue Augusto Posada, del Partido de la U, quien fue recusado por la exsenadora Piedad Córdoba, parte civil en el proceso. Y el segundo, Alfredo Bocanegra, quien declinó hace 15 días. Bocanegra fue recusado por el abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana, por cuenta de que dio unas declaraciones en las que decía que "Uribe no iba a tener en él al Heyne Mogollón que tuvo Samper", haciendo referencia al presidente de la Comisión de Acusaciones que supuestamente contribuyó a la exoneración del expresidente durante el proceso 8.000.
El jueves de la semana pasada, al día siguiente de la dura intervención de la fiscal general, Uribe pidió a la Comisión de Acusaciones, a través de su abogado, que lo escuchara en versión libre en la investigación de las 'chuzadas'. Seguramente su versión coincidirá con la que han presentado tanto Bernardo Moreno como María del Pilar Hurtado, en el sentido de que lo que la Fiscalía considera una conspiración contra la Corte no era más que un intento por establecer si podía haber nexos de algunos magistrados con el narcotráfico. Como han dicho una y otra vez, el hecho de que muchos de ellos hubieran aceptado una invitación del controvertido Ascencio Reyes para la Casa de Nariño justificaba llevar a cabo esa investigación. Reyes acabó teniendo relaciones sociales con personajes non sanctos, pero finalmente no se le encontró ninguna prueba que lo vinculara con organizaciones criminales.
Los seguimientos a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro, que ante la comunidad internacional y muchos colombianos constituyen un mecanismo ilegal contra la oposición política, probablemente serán justificados por los acusados como el uso preventivo de la inteligencia para proteger la seguridad nacional. Moreno y Hurtado invocarán la cercanía de Piedad Córdoba con Chávez y con la guerrilla. Pero justificar lo de Petro seguramente les va a quedar más cuesta arriba. En lo que los acusados parecen tener menos argumentos de defensa es en lo relacionado con los seguimientos al periodista Daniel Coronell. Teniendo en cuenta que él no formaba parte del mundo de Ascencio Reyes ni del episodio de los magistrados, el espionaje en su contra parece tratarse más de un caso de animadversión personal que de seguridad del Estado. Sus múltiples columnas en contra del presidente y de sus hijos parecerían haber sido el origen de la presunta orden presidencial de investigarlo.
Lo cierto es que en los últimos días la suerte en el terreno judicial no parece sonreírle al expresidente. Ya son 14 los altos funcionarios de su gobierno con investigaciones abiertas: cuatro de los ministros más cercanos, cuatro de sus directores del DAS y seis miembros del sanedrín de sus tres últimos años de gobierno.